AFP
El gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debe “reparar y revertir” la grave crisis humanitaria de los yanomami que ha generado 570 muertes de niños, afirmó el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la CIDH y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman al Estado brasileño a “garantizar la supervivencia de esa población”.
La reserva yanomami, ubicada en la frontera con Venezuela, es la mayor tierra indígena de Brasil, con 96,000 km2, donde viven uno 30,000 miembros de esta etnia.
En cuatro años, niños y personas mayores han muerto “debido a causas relacionadas con la desnutrición y la falta de atención médica, a enfermedades evitables y tratables”, de los cuales 99 niñas y niños fallecieron en 2022, cuando gobernaba el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, lo que representa un incremento del 29% en comparación con años anteriores, añadieron.
“El hambre y la grave inseguridad alimentaria que padece el pueblo yanomami están directamente relacionadas con la discriminación étnico racial que, a su vez, permite la invasión de la mineros ilegales, que se estima llegue a 20,000 personas, ocupando el territorio indígena”, condenaron ambas organizaciones.
El gobierno brasileño, que cifra en 15,000 los invasores, anunció el lunes que empezó a desplegar más de 500 policías y soldados en el terreno para expulsar a los mineros.
La minería ilegal aumentó abruptamente durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022), un defensor de la apertura de las tierras indígenas para esa actividad.
Según la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la REDESCA, las mujeres y las niñas se exponen a un mayor riesgo. Ponen el ejemplo de una niña de 12 años que fue violada en 2022 en la comunidad de Aracaçá “sin que hasta la fecha se tengan noticias de avances en la investigación”.
Pese a las múltiples denuncias del pueblo yanomami, en los últimos dos años las autoridades “ignoraron la situación de violencia, ataques y asesinatos” contra ellos, señalaron. Esta “omisión”, recuerdan, ha generado la apertura de una investigación por parte de la policía federal sobre un posible crimen de genocidio.
Las dos organizaciones pidieron al gobierno de Lula que “proteja los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la alimentación, al agua y al medio ambiente, así como las tierras” y recursos naturales de esta población. Reclamaron asimismo que se investiguen los delitos y se garantice justicia y “reparación con enfoque intercultural”.