Justicia uruguaya suspende decreto que flexibiliza normas sobre tabaco

AFP

La Justicia uruguaya dispuso esta semana la suspensión del decreto que flexibiliza las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos, al dar lugar a una acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT).

“Dispónese la inmediata suspensión del decreto 282/022”, dice el fallo de la jueza María Elena Emmenengger.

El presidente Luis Lacalle Pou había habilitado, en un decreto publicado el 2 de septiembre, la venta de cigarrillos en cajas blandas, cuando desde 2019 solo se permitían las de cartón, y además autorizó a volver a utilizar el logo de la marca en el propio cigarrillo y en el interior de las cajillas. 

El gobierno argumentó que los cambios apuntan a luchar contra los productos de contrabando o falsificados.

Pero la normativa generó polémica al ser considerada un “retroceso” en la lucha contra el tabaquismo, de la que el país de 3,5 millones de habitantes fue un abanderado, en particular bajo el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), oncólogo de profesión.

La sentencia de 56 páginas de la jueza Emmenengger recuerda que “la academia y comunidad científica del Uruguay han manifestado de forma unánime preocupación por el retroceso de la política sanitaria y su inminente impacto en la salud de la población”.

Medios locales aseguran que el Poder Ejecutivo apelará la decisión.

Además de la SUT, organizaciones internacionales relacionadas con la lucha contra el tabaquismo como Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias habían adelantado que explorarían “todas las acciones legales” posibles para revertir la decisión del gobierno. 

Uruguay fue uno de los países más avanzados de América Latina en aplicar estrictamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS firmado en 2003. 

Las medidas contra el hábito de fumar le valieron una demanda de la tabacalera Philips Morris, que acusó al país de violar un tratado de inversiones. Tras seis años de litigio, Uruguay ganó el arbitraje internacional en 2016.