AFP
La justicia francesa confirmó definitivamente este jueves la responsabilidad del certificador alemán TUV en el caso de las protésis mamarias PIP fraudulentas, que afectaron a miles de mujeres en el mundo, muchas de ellas de América Latina y España.
Tras estudiar cuatro fallos en apelación sobre varios expedientes de este caso, que estalló en 2010, la Corte de Casación -máximo tribunal francés- confirmó el punto central de varias de estas decisiones, que trataban sobre la indemnización de las víctimas.
“La empresa TUV Rheinland […] no cumplió con sus obligaciones de control, prudencia y vigilancia en el ejercicio de su misión profesional [y] que la responsabilidad profesional de la empresa TUV Rheinland France quedó demostrada”, indicaron los magistrados en sus fallos consultados por AFP.
Además, el tribunal juzgó que la responsabilidad no podía limitarse al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 6 de abril de 2010, al contrario de lo que había decidido el tribunal de apelación de París. Esa limitación llevó a la desestimación de las demandas presentadas por centenares de víctimas (sobre todo colombianas, venezolanas e inglesas) que reclamaban ser indemnizadas.
También anuló un fallo en apelación pronunciado en Versalles que rechazaba las demandas de indemnización presentadas por más de 200 mujeres, residentes en Suecia.
El caso estalló en 2010 cuando el regulador francés detectó una tasa anormal de ruptura de estas prótesis, fabricadas por Poly Implant Prothèse (PIP) y que estaban hechas con un gel de silicona no homologado para uso médico.
Miles de mujeres de todo el mundo recibieron estas prótesis, muchas de las cuales fueron vendidas en América Latina y condujeron a denuncias en Argentina, Brasil y Venezuela entre otros países.
El fallecimiento en 2019 de Jean-Claude Mas, fundador de PIP, puso fin a los procedimientos contra la compañía francesa, pero los procesos contra el certificador alemán, que no señaló los fallos, continúan.
– Igualdad para las víctimas –
Olivier Aumaître, abogado de unas 15,000 víctimas, se mostró satisfecho con que “la Corte de Casación confirme el principio de responsabilidad de TUV” y con que “el proceso de indemnización continúe con normalidad para las víctimas”.
“Estas decisiones permitirán unificar las decisiones pronunciadas para que todas las víctimas estén en igualdad”, agregó el abogado en un comunicado.
“El gran ausente aquí es PIP, se está buscando a una empresa que valida los procedimientos industriales (TUV), pese a que es PIP quien cometió el engaño”, señaló por su parte la abogada de TUV, Christelle Coslin, asegurando que quedan “muchas cuestiones” por resolver y que aún hay “miles de exámenes periciales en curso”.
TUV certificó las prótesis antes de su comercialización y luego realizó trece controles en los locales de PIP entre 1997 y 2010, sin constatar que se estuviera incumpliendo con la normativa.
En total, casi un millón de esas prótesis defectuosas se vendieron en todo el mundo entre 2001 y 2010, y se calcula que habría unas 400,000 víctimas, sobre todo en América Latina.
La asociación de víctimas Pipa cifró en unas 35,000 las denunciantes en todo el mundo, y aseguró que el certificador alemán podría verse obligado a abonar finalmente 500 millones de euros (545 millones de dólares).
En febrero de este año, el tribunal de apelación de Aix-en-Provence condenó a TUV Rheinland a indemnizar a trece mujeres –una colombiana, dos españolas, dos británicas y ocho venezolanas– a montos de entre 7,000 y 37,135 euros (entre 7,640 y 40,535 dólares).