De 500 a cien mil dólares, son las sanciones que puede imponer el gobierno para los comercios que incrementen los precios de los productos derivados de los combustibles, como la gasolina y el gas licuado.
Así lo aseguran dos diputadas de Nuevas Ideas tras la aprobación de la prórroga de la medida que busca controlar las tarifas de esos productos.
Las inspecciones en cada uno de estos establecimientos están a cargo del Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor.
Los ciudadanos consideran que estas medidas permitirán que su economía no se vea afectada. Según las legisladoras, esta prórroga se mantendrá en un lapso de tres meses, con el propósito de proteger la economía de la población.