La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un requerimiento formal contra el exdiputado Alberto Romero, quien se enfrenta a cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Estas acusaciones surgen tras una exhaustiva investigación que reveló un significativo incremento patrimonial no justificado por parte del exlegislador, ascendiendo a la considerable cifra de $1,162,388.05.
El pasado 23 de agosto, el fiscal general de la república presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de antejuicio y petición de desafuero contra Romero, logrando días después que los parlamentarios aprobaran que el legislador de ARENA enfrente la justicia.
Las investigaciones de las autoridades revelan una serie de irregularidades financieras que abarcan el período comprendido entre 2009 y 2015. Según el expediente de la FGR, la Sección de Probidad de la Corte Suprema ha identificado un total de 14 casos de pagos y depósitos irregulares vinculados al parlamentario. Asimismo, tanto su esposa como su hija enfrentan señalamientos similares, con cinco y dos casos respectivamente.
El caso del exdiputado Alberto Romero destaca como un ejemplo significativo de la lucha contra la corrupción en el ámbito político. La presentación del requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República marca un paso importante hacia la rendición de cuentas y la búsqueda de la justicia en nuestro país.