AFP
La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pedido información al Barcelona, tras conocerse la investigación a la empresa de un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que habría recibido pagos del club azulgrana por 1,4 millones de euros (1,496 millones de dólares).
El Departamento de Integridad de la federación “inició ayer mismo un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona”, informó la RFEF este jueves en un comunicado.
La federación asegura que “en el momento en que se disponga de la información suficiente adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones”.
La actuación de la RFEF llega después de que el miércoles la radio Cadena Ser adelantara que la fiscalía española investiga a la empresa de un exárbitro por un presunto delito de corrupción entre particulares.
El Ministerio Público confirmó a la AFP que está llevando a cabo diligencias de investigación sobre el asunto, pero no dio más detalles de estas pesquisas.
La investigación se habría iniciado después de que la Hacienda española identificara irregularidades en las tributaciones realizadas entre 2016 y 2018 por la empresa Dasnil 95, propiedad de José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol de 1994 a 2018.
La compañía habría recibido, según la emisora, pagos por 1,4 millones de euros (1,5 millones de dólares) entre 2016 y 2018 por asesorar al club en cuestiones arbitrales.
La última factura, de acuerdo a la Cadena Ser, habría sido en junio de 2018, justo cuando se reestructuró el CTA con la llegada de la nueva directiva de la RFEF, presidida por Luis Rubiales, y Enríquez Negreira salió del organismo arbitral.
La federación asegura que se personará “en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto”.
Nada más saltar la información, el Barcelona emitió un comunicado en el que sin nombrar directamente a Dasnil 95, explicó que mantuvo un contrato en el pasado con un “proveedor externo” del que recibió, entre otros, “informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales”.
Actualmente, según informó en la nota, esa tarea recae en “un profesional del área de fútbol”.