AFP
Expertos internacionales en la lucha contra el tabaquismo cuestionaron este lunes la decisión de Uruguay de flexibilizar las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos bajo el argumento de combatir los productos de contrabando.
Un decreto del presidente Luis Lacalle Pou habilitó el 2 de septiembre la venta de cigarrillos en cajas blandas, cuando desde 2019 solo se permitían las de cartón, y además autorizó a volver a utilizar el logo de la marca en el propio cigarrillo y en el interior de las cajillas.
El gobierno argumentó que los cambios apuntan a luchar contra los productos de contrabando o falsificados.
La nueva normativa fue considerada este lunes un “retroceso” en la lucha contra el tabaquismo por integrantes de las organizaciones Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, así como expertos de otras entidades en una conferencia de prensa virtual.
Esas organizaciones advirtieron que explorarán “todas las acciones legales” posibles para revertir la decisión.
El empaquetado “es una forma de marketing” y detalles como “colores brillantes distraen la atención de las advertencias sanitarias”, dijo Robert Eckford, quien participó en el desarrollo del empaquetado neutro en Inglaterra y es director del equipo legal de CTFK en Washington DC.
“Estudios concluyen que el empaquetado sencillo funciona”, aseguró, antes de recordar que Uruguay fue “el primer y único país en América Latina en adoptar el empaquetado simple del tabaco”.
“El comercio ilícito se combate con códigos de identificación únicos que pueden ser escaneados (…) No hay una buena razón para cambiar el decreto anterior”, indicó en inglés.
Vera Luiza da Costa e Silva, médica investigadora de la fundación Oswaldo Cruz en Brasil, lamentó que una nación reconocida como “de las más avanzadas del mundo en políticas de control del tabaco, ejemplo para la región y el mundo” tome una medida que “es en contra” del acuerdo que se comprometió a cumplir, en referencia al Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS, de cuya Secretaría fue jefa.
– Acciones legales –
Los expertos también advirtieron que “hay posibilidades de acciones legales en contra de estas medidas”.
“Hay que argumentar por qué se toma una política regresiva”, indicó el abogado Oscar Cabrera, director del O’Neill Institute for National and Global Health Law, al explicar que ”un retroceso claro” puede ”acarrear acciones en contra del Estado uruguayo”.
Si bien el cardiólogo Eduardo Bianco, director del Grupo de Expertos en Tabaquismo de la Fundación Mundial del Corazón, señaló que las organizaciones no están para “ponerle palos en la rueda al gobierno”, consideró “evidente” que la administración “no entiende la magnitud del problema” y sus consecuencias sanitarias y económicas.
“El tabaquismo es responsable del 15% del total de las muertes anuales en Uruguay (…) Estudios internacionales estiman que [en Uruguay] el costo sanitario por las enfermedades provocadas por el tabaco asciende a mil millones de dólares por año; si pensamos que se recaudan 300 millones de dólares de impuestos de esa industria, hay un déficit de 700 millones”, calculó, antes de llamar a un diálogo sin participación de la industria tabacalera.
Luego de difundido el decreto, el presidente Lacalle Pou reconoció que la decisión fue tomada tras un pedido de la tabacalera uruguaya Montepaz.
“Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz”, declaró, aunque luego aclaró que su gobierno no se mueve ”por presiones” y reiteró que la medida es para luchar contra el comercio ilícito.
Su decisión fue también duramente cuestionada en el país por la comunidad médica y por el opositor Frente Amplio (izquierda), que durante los gobiernos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), oncólogo de profesión, tuvo a la lucha antitabaco como uno de sus buques insignia.
El país de 3,5 millones de habitantes fue pionero en aplicar estrictamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Las medidas contra el hábito de fumar le valieron una demanda de la tabacalera Philips Morris, que acusó al país de violar un tratado de inversiones. Tras seis años de litigio, Uruguay ganó el arbitraje internacional en 2016.