Por: Saraí Escobar
El especialista en temas migratorios Óscar Díaz compartió un análisis sobre el contexto actual de los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), tras la reciente cancelación de este beneficio para Honduras y Nicaragua. Aunque la medida no afecta directamente a El Salvador, genera inquietud entre quienes han estado protegidos por este estatus desde 2001. “El TPS de Honduras y Nicaragua es el más longevo que existe actualmente. Se consiguió en 1999, luego del desastre causado por el huracán Mitch en estos países”, recordó Díaz.
El analista explicó que, en el caso de El Salvador, las prórrogas del TPS se han justificado a lo largo del tiempo no solo por los terremotos de 2001, sino también por desastres naturales posteriores y condiciones de vulnerabilidad. A pesar de que la actual prórroga está vigente hasta septiembre de 2026, muchas personas mantienen la incertidumbre de lo que podría pasar después. El experto enfatizó que es fundamental estar atentos y preparados ante posibles cambios.
Un aspecto que Díaz subrayó es la complejidad que enfrentan muchas familias migrantes que han vivido por más de dos décadas en Estados Unidos y que ahora se encuentran en una situación de espera e incertidumbre. “Hay otro elemento: vienen con niños, y si esos niños nacieron en Estados Unidos no han sido deportados porque son ciudadanos estadounidenses. Lo que ocurre es que la familia, en muchos casos, no tiene con quién dejar a sus hijos en EE. UU.”, señaló.
También se refirió al tema económico, en particular al nuevo impuesto sobre las remesas aprobado recientemente por el Congreso de EE.UU. “Ya sea un impuesto del 1% o del 3.5%, siempre habrá una afectación para los migrantes y sus familias que dependen de las remesas”, advirtió Díaz. Esta medida, prevista para entrar en vigor en 2026, representa un reto adicional para quienes apoyan económicamente a sus familias en El Salvador.