Por: Saraí Escobar
En El Salvador, expertos advierten que los desafíos en seguridad y pensiones “requieren más que medidas superficiales como el régimen de excepción o reformas parciales”. Para la analista Bessy Ríos, el régimen de excepción “no puede ser solo una herramienta, debe convertirse en una política pública integral que combine todos los componentes de seguridad.” Sin embargo, también subraya que “solo la presencia policial no garantiza la seguridad real,” pues la base social y cultural es clave para una solución duradera.
#Diálogo21 | "Es importante ir haciendo la transición en el tema, que el régimen de suspensión de garantías se convierta en una política pública en materia de seguridad que integre todos los componentes. El régimen, por sí solo, no puede ser considerado una política; es una… pic.twitter.com/bLz2PbJXUW
— Diálogo – GMV (@dialogo21) July 4, 2025
En esa línea, Tahnya Pastor resalta el problema cultural que enfrentan las nuevas generaciones, pues “los hijos de pandilleros no conocen otra vida fuera de las normas delictivas,” y advierte que “quienes están educando a los jóvenes necesitan un nuevo modelo educativo que permita desaprender para aprender.” Esta mirada integral es esencial para superar el problema que va más allá de la represión.
#Diálogo21 | "No podemos esperar que termine como la vez anterior, porque ese fue precisamente el error de las autoridades de antes: no trataron el tema desde que iba surgiendo. Y esto es un problema cultural, porque los hijos de los pandilleros no conocen otra vida más que la… pic.twitter.com/slz6ImsNGU
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Manuel Zometa, analista político, señala que si bien el régimen de excepción ha tenido resultados inmediatos, es fundamental “trabajar en cómo mantener la seguridad sin vulnerar las garantías constitucionales,” y enfatiza la urgencia de una “reforma estructural del sistema de pensiones,” ya que el actual sistema “pone en riesgo la estabilidad financiera del país.”
#Diálogo21 | El analista político Manuel Zometa indicó que las leyes no deben responder exclusivamente a los objetivos que se pretenden, porque así se convierten en leyes represivas. pic.twitter.com/LFvjB5mYMF
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Por su parte, Aldo Álvarez subraya que “el tejido social ya estaba roto antes del régimen de excepción,” y que aunque este ha permitido reducir la criminalidad, quedan secuelas que no se solucionan rápidamente. Además, destaca que “el sistema de pensiones debe reformarse para ser sostenible, poner al trabajador en el centro y aliviar la presión sobre la deuda pública.”
#Diálogo21 | "El tejido ya estaba roto; el régimen de excepción no está rompiendo el tejido, ya estaba roto en este país. Y el régimen de excepción permitió que se extinguiera todo este grupo de criminales de una manera directa. Pero ya ha quedado un resabio, y eso no se va a… pic.twitter.com/TyYlCmtUtP
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Sobre el sistema de pensiones, Bessy Ríos recuerda que “solo dos de cada diez personas cotizan para pensionarse,” una situación que agrava la insostenibilidad del sistema. Tahnya Pastor critica la administración de los fondos por parte de las AFP, afirmando que “no vamos a salir del hueco entregándoles la gestión, pues solo buscan enriquecerse a costa de los trabajadores.”
Los expertos coinciden en que para avanzar hacia un país más justo y estable es necesario abordar de manera integral los problemas de seguridad, educación y sistema previsional, superando soluciones cortoplacistas y atendiendo las causas profundas.