AFP
El Parlamento español aprobó este martes unos presupuestos para 2022 con un gasto récord de marcado acento social para dejar atrás la pandemia, al día siguiente de recibir 10.000 millones de euros más de los fondos de recuperación europeos.
Los presupuestos fueron aprobados por la cámara de diputados por 281 votos a favor y 62 en contra, anunció Alfredo Rodríguez, vicepresidente primero del Congreso, que presidió la sesión.
“En consecuencia queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados los presupuestos generales del Estado para 2022”, sentenció Rodríguez.
Políticamente, la aprobación de los presupuestos significa que el gobierno del socialista Pedro Sánchez, con minoría en el Congreso, podrá acabar la legislatura, en 2023.
“Se trata de las cuentas con el mayor respaldo político de la historia” teniendo en cuenta que hasta 15 formaciones distintas, entre el Congreso y el Senado, han secundado estas cuentas”, se congratuló el ejecutivo en un comunicado.
Los presupuestos prevén un nivel de gasto récord de 240.000 millones de euros (unos 269.000 millones de dólares), financiado en parte con 26.355 millones de euros del macroplan europeo de reimpulso económico, del que España, uno de los principales beneficiarios, recibirá 140.000 millones de euros durante seis años.
“Estas cuentas además serán la principal herramienta para canalizar los fondos europeos que ayudarán a lograr esa recuperación”, añadió el gobierno.
– Aumento de pensiones y cheques alquiler –
Las cuentas comprenden una serie de medidas sociales, como la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, que aumentarán un 2% el 1 de enero, así como varias medidas contra la precariedad de los jóvenes.
Entre estas últimas, un cheque mensual de 250 euros (280 dólares) para ayudar a personas de entre 18 y 35 años de bajos ingresos a pagar un alquiler, y un cheque cultural de 400 euros (450 dólares) para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades culturales.
Estas medidas fueron sobre todo defendidas por Podemos, socio menor de la coalición de gobierno, que condicionó su apoyo a la adopción de normas para regular los precios de los alquileres a los grandes propietarios en zonas donde el mercado inmobiliario esté tensionado.
Para aprobar los presupuestos, el gobierno acordó contrapartidas a cambio de los apoyos de varios pequeños partidos, entre ellos los independentistas catalanes de ERC y los separatistas vascos de EH Bildu, que incluye a herederos del brazo político de la desaparecida banda separatista armada ETA, lo que le ha valido críticas de la oposición.
Así, el gobierno se comprometió a suprimir los peajes en ciertas autopistas e implementar una medida que obliga a las plataformas audiovisuales a asegurar el menos 6% de su producción en catalán, vasco o gallego.
Asimismo, incluyó a última hora una partida de 1,6 millones de euros para apoyar a las lenguas minoritarias en ocho regiones españolas.
– Ómicron, otro lastre –
Estos presupuestos deberían ayudar a España a consolidar su recuperación económica, amenazada por una inflación galopante (5,5% en noviembre) y una reactivación más lenta de lo previsto del sector turístico, del que dependen 13% de los empleos.
La economía española, una de las más afectadas por la pandemia del covid-19 con una caída de su Producto Interior Bruto (PIB) del 10,8% en 2020, no debería recuperar su nivel precrisis antes de 2023, según la Comisión Europea.
El aumento de los casos de coronavirus en este final de año, ligado a la propagación de la variante ómicron, llevó a varias regiones a implantar restricciones que golpean más a este sector.
Las malas noticias económicas han puesto presión sobre el gobierno, confrontado a un naciente descontento social.
En sus presupuestos, el Ejecutivo prevé reducir el déficit público a 5% el próximo año, tras alcanzar el 8,4% en 2021. Pero lo basa en una previsión de crecimiento del 7% en 2022, juzgada irreal por numerosos economistas.