El Salvador enfrenta el reto de reducir su deuda pública con nueva ley fiscal

Por: Saraí Escobar

El Salvador ha aprobado una nueva Ley de Responsabilidad y Sostenibilidad Fiscal como parte de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a reducir gradualmente su deuda pública hasta alcanzar el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2045. El analista político, Aldo Álvarez, explicó que esta ley sustituye la anterior normativa fiscal de 2016 y que, para lograr los objetivos, el país deberá aplicar una estricta disciplina en el gasto público y evitar nuevos endeudamientos.

Uno de los puntos más discutidos es el impacto social del ajuste. La analista política, Bessy Ríos, advirtió que el sacrificio no debe recaer únicamente sobre los trabajadores, como ha sucedido históricamente. Señaló que “la famosa frase ‘apretarse el cinturón’ debe aplicarse a todos”. Además, expresó preocupación sobre una posible reforma al sistema de pensiones en 2026, que podría aumentar la edad de retiro y las cuotas.

La transparencia también ha sido cuestionada por los analistas. Aunque la ley obliga al Ministerio de Hacienda a publicar informes anuales sobre el cumplimiento de metas fiscales, tanto Ríos como el analista político, Remberto González, sostienen que la rendición de cuentas aún es insuficiente. “Hay funcionarios ganando $10,000 al mes sin justificarlo”, denunció Ríos, mientras González subrayó que la austeridad debe ser equitativa y no afectar desproporcionadamente a la ciudadanía.

En cuanto al uso de la deuda, Álvarez argumentó que lo importante no es solo cuánto se debe, sino para qué se utiliza ese dinero. “Si se invierte en infraestructura, educación y desarrollo, la deuda puede convertirse en una herramienta para crecer”, señaló. En este sentido, destacó que los técnicos del FMI monitorean de cerca el cumplimiento del acuerdo, y que el seguimiento será riguroso y técnico.

Finalmente, todos los expertos coincidieron en que el sistema de pensiones es uno de los mayores desafíos estructurales. Según Ríos, solo dos de cada diez trabajadores cotizan actualmente, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del modelo. González complementó que “existe una cultura de no cotizar, ya que muchas personas solo piensan en el presente y no en el futuro”, lo cual dificulta ampliar la base de contribuyentes. La viabilidad del ajuste fiscal dependerá, en última instancia, de que las medidas sean equitativas, eficientes y acompañadas de una reforma previsional integral.