AFP
Un condenado a muerte fue ejecutado el jueves en Estados Unidos, en un hecho que rompe una tradición según la cual los presidentes salientes no reelegidos suspenden las ejecuciones.
Orlando Hall fue ejecutado mediante una inyección de pentobarbital en una prisión del estado de Indiana, anunció el Departamento de Justicia.
El afroestadounidense de 49 años había sido condenado en 1995 a la pena de muerte por haber participado en el secuestro, violación y muerte de una adolescente de 16 años, Lisa Rene, a la que el hombre habría golpeado y enterrado viva, con la ayuda de cómplices, en el marco de un arreglo de cuentas.
Fue ejecutado después del rechazo de un último recurso por parte de la Corte Suprema. Se trató además de la primera decisión de la nueva magistrada de la Corte Suprema, Amy Coney Barnett, que se pronunció de la misma forma que los otros cinco jueces conservadores de esa instancia de nueve magistrados.
Se trata de la octava ejecución federal realizada luego de que esta práctica fuera retomada el pasado verano boreal tras haber estado en suspenso por 17 años y a la que se opone el presidente electo, el demócrata Joe Biden.
Aunque la mayoría de los estados han prácticamente renunciado a aplicar la pena capital desde el comienzo de la pandemia, el gobierno de Donald Trump ha procedido a realizar más ejecuciones: ocho desde julio, contra tres en los últimos 45 años.
Otras dos ejecuciones están previstas además para los próximos días, pese a una tradición de hace unos 131 años según la cual los presidentes no reelectos suspenden las ejecuciones a la espera de que su sucesor asuma el poder.
Pero Trump se ha negado a reconocer su derrota ante Biden en la elección del 3 de noviembre.
“Orlando Cordia Hall fue ejecutado en la penitenciaría estadounidense de Terre Haute conforme a la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal”, informó el Departamento de Justicia en su web.
Aunque su cliente no negó haber participado en la muerte de Rene, los abogados Marcia Widder y Robert Owen denunciaron “prejuicios racistas” en su proceso ante un jurado completamente blanco.
Según ellos, este caso “refleja las disparidades raciales preocupantes en materia de pena capital en Estados Unidos”, donde 45% de los condenados a muerte son afroestadounidenses aunque representan solo el 13% de la población total.
Para las próximas semanas está también prevista la ejecución de Lisa Montgomery, que sería la primera mujer a la que el gobierno federal aplique la pena capital en 70 años y cuyo proceso fue pospuesto del 8 al 31 de diciembre porque sus abogados se infectaron con covid-19.
Mientras que para el 10 de diciembre, el gobierno prevé ejecutar también a Brandon Bernard.