El dinero del FMI no es para carreteras u obras, lo más importante es el aval que da certidumbre sobre las medidas fiscales”
El economista Rafael Lemus analizó en Diálogo 21 el impacto del reciente acuerdo fiscal alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando sus beneficios, compromisos y las medidas que se deberán implementar para garantizar la estabilidad económica del país.
Lemus explicó que este acuerdo permite al país ordenar sus cuentas públicas, mejorar la transparencia y fortalecer el combate a la corrupción. Además, señaló que el acuerdo con el FMI refuerza la estabilidad fiscal y las reservas de liquidez de los bancos, lo que facilita la inversión y el crecimiento económico.
Sin embargo, advirtió que un ajuste fiscal también conlleva efectos negativos, como la reducción de plazas laborales y la disminución en la adquisición de bienes y servicios, algo que ya se ha empezado a experimentar en distintas áreas del sector público.
En este contexto, mencionó que el Gobierno proyecta reducir la deuda del 89-90% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a un 80% en 2030, una meta ambiciosa que depende del cumplimiento de diversas medidas de ajuste.
Lemus también enfatizó que los fondos otorgados por el FMI no están destinados a proyectos de infraestructura, sino que su mayor relevancia radica en el respaldo financiero que brinda, otorgando certidumbre sobre las políticas fiscales adoptadas. “El FMI otorga un crédito con un programa de medidas que garantizan sostenibilidad de la deuda. No es solo dinero, es un compromiso”, explicó.
Entre estos compromisos, destacó la necesidad de que el Gobierno mantenga la transparencia en la ejecución del gasto y continúe con la reducción del déficit. No obstante, alertó sobre el impacto de algunas decisiones, como la eliminación de plazas en el sector educativo y sanitario, las cuales, aunque responden a la necesidad de reducir el gasto, podrían afectar la calidad de los servicios públicos.
Asimismo, mencionó que la suspensión de escalafones salariales, seguida de su reactivación parcial en el presupuesto 2025, puede afectar la credibilidad del plan de ajuste fiscal. En este sentido, recordó que desde 2021 el FMI advirtió sobre las reformas necesarias para lograr el equilibrio financiero, pero el Gobierno postergó algunas de ellas, lo que ahora lo obliga a depender de recortes salariales para cumplir con sus compromisos.
El acuerdo con el FMI representa un desafío para la administración pública, que deberá equilibrar las exigencias fiscales con las necesidades sociales, en un contexto donde la estabilidad económica depende de la ejecución efectiva y sostenible de las reformas acordadas.