María Isabel Sánchez | AFP
Cinco mensajes que publicó en redes sociales tienen a Bernardo Arévalo ante la posibilidad de perder su inmunidad a menos de dos meses de asumir la presidencia de Guatemala, último episodio de una ofensiva judicial que hace temer un retroceso de la democracia.
La Fiscalía pidió hace una semana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle el fuero a Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera por haber expresado en X (antes Twitter) y otras redes apoyo a estudiantes que ocuparon la universidad estatal entre mayo de 2022 y junio de 2023.
La medida se suma a una serie de acciones que lidera la fiscal general Consuelo Porras desde que el socialdemócrata ganó las elecciones en dos vueltas en junio y agosto.
Según la Fiscalía, Arévalo y Herrera cometieron delitos de “usurpación agravada”, “sedición” y “depredación de bienes culturales”, al respaldar a los universitarios que denunciaban “fraude” en la elección de un rector ligado al gobierno derechista de Alejandro Giammattei.
Pero analistas coinciden en que detrás de las acciones de la Fiscalía está la clase política tradicional, que teme que Arévalo cumpla su promesa de luchar contra la corrupción cuando llegue al poder.
A las puertas de la toma de posesión el 14 de enero, la crisis plantea al menos tres escenarios, según analistas.
– No prospera el retiro de inmunidad –
Aunque la ley no es clara sobre el antejuicio para autoridades electas, expertos explican que la CSJ debe nombrar un juez que evalúe la prueba y recomiende a los magistrados tramitar o no el pedido de la Fiscalía.
Estos deberán decidir si envían el caso al Congreso, que concluirá sesiones el 30 de noviembre. Algunos analistas creen que este paso no aplica en el caso de un presidente electo y que la decisión será de la CSJ.
“El tiempo no les ayuda. Además, se necesitaría una mayoría calificada (107 de 160 diputados). Es probable que esto quede ahí”, dijo a AFP Carmen Aída Ibarra, del movimiento ciudadano ProJusticia.
Edie Cux, de Transparencia Internacional, afirmó que, no obstante, la Fiscalía seguirá intentando: “Tienen planes a,b,c,d,f y todo el abecedario a ver cuál les pega”.
“Veo pocas probabilidades de que avance la solicitud porque la prueba es débil y el tiempo juega en su contra. Cada día que pasa es un factor crucial”, afirmó a la AFP el abogado experto en derecho constitucional Edgar Ortiz.
Luis Linares, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, señaló que “ante un juez imparcial el caso es insostenible”.
– Retiro de la inmunidad –
“Si esto pasa se volvería un juicio político. Estaríamos viendo cómo se da un golpe. La Fiscalía podría solicitar una orden de captura. Está en riesgo la democracia”, advirtió Cux.
Linares comentó que “la situación en Guatemala es muy impredecible y todo puede pasar”. “Un retiro de la inmunidad aumentará la presión internacional y la presión pública porque la burla a la voluntad popular sería descarada”, opinó.
Ortiz aclara que en este escenario “Arévalo tendría aún recursos legales en el camino: puede recusar a los jueces y presentar un recurso de amparo”.
Pero incluso si se le despoja del fuero, Arévalo podría asumir en enero, excepto si un juez penal dicta prisión preventiva, explicaron Ortiz e Ibarra.
“Desataría una tensión muy grande, un estallido social, inestabilidad. Estaremos frente un choque de trenes”, comentó Ortiz.
Ibarra alertó que aunque el pedido de la Fiscalía no prospere antes de la investidura “puede volver a intentarlo cuando ya sea presidente”. Guatemala tiene un largo historial de antejuicios, recordó.
– Ingobernabilidad –
Se retire o no la inmunidad, y si Arévalo asume el poder “gobernará cuesta arriba” con un Congreso en contra y una fiscal a quien el presidente, por ley, no puede destituir, señaló Ibarra.
“Va a ser muy complicado gobernar, responder a las expectativas de la gente, que pide enfrentar a los corruptos y atención de su situación socioeconómica”, afirmó Linares.
Para Cux, “lo más preocupante” es lo que está detrás: “No solo que el presidente asuma cansado, desgastado, sino que entre con miedo”.
“Todas estas acciones de la Fiscalía buscan que el presidente entre con temor a los grupos de poder, quieren limitar su margen de maniobra, de gobernabilidad”, agregó.
Para Linares, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, muy activos en el apoyo a Arévalo, deben presionar aún más para que la crisis se resuelva por la vía del diálogo.
Ortiz coincidió en que “el escenario ideal” es la negociación”, la búsqueda de una “salida política” al conflicto.