AFP
Tumores, problemas musculares, infertilidad: habitantes de la comunidad andina de La Oroya, en Perú, denunciaron las consecuencias de la contaminación provocada por una empresa minera, al testificar el miércoles en Montevideo ante la CorteIDH, que debe determinar la responsabilidad del Estado peruano en el caso.
En su 153 período ordinario de sesiones, que tiene lugar esta semana en Uruguay, los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzaron a escuchar a pobladores de La Oroya, que durante décadas han estado expuestos a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.
“El Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara”, dijo Rosa Amaro, de 74 años, quien residió en la localidad hasta 2017. Durante ese tiempo, atestiguó cómo los cerros quedaron “pelados” porque ”no crecían las plantas” y cómo los pobladores sufrían ardor en los ojos y garganta, dolor de cabeza y dificultades para respirar.
Relató que luego de sufrir dos abortos se sometió a un tratamiento de fertilidad para poder ser madre a los 43 años. De sus dos hijos, uno padece sordera.
Entre lágrimas, Amaro, que presidió el Movimiento por la Salud de La Oroya, dijo que tuvo que dejar el pueblo en el que nació por las amenazas de familiares de trabajadores de la mina, quienes consideraban que los pedidos de la organización iban en contra de su fuente de trabajo.
En 2006, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado peruano por violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 estableció la responsabilidad del Estado y remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado peruano no sólo incumplió su obligación de regular y fiscalizar a la empresa, permitiendo que generara altos niveles de contaminación en detrimento de la salud de los pobladores, sino que tampoco garantizó al acceso a la información de los habitantes sobre decisiones que les afectarían, ni investigó las amenazas y hostigamientos en su contra.
“No puedo cerrar bien la mano, tengo movimientos involuntarios en el pie”, dijo Yolanda Zurita, de 63 años, antes de contar que también ha padecido tumores, convulsiones y dolores en el riñón.
“Mi salud ya está destruida. Lo único que busco es que las futuras generaciones gocen de buena salud”, afirmó al ser consultada por sus expectativas sobre el proceso.
Maricruz Aliaga, de 28 años, dijo que todos los integrantes de su familia han tenido impactos en su salud. “Desde niños siempre hemos sufrido distintos malestares, dolores, falta de respiración, parálisis (…) Mi hermana de 32 años no puede tener hijos, tiene dolores articulares”, declaró.
– Riesgo probado –
La Oroya, un pueblo de 30,000 habitantes situado 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, fue nombrado en 2007 uno de los lugares más contaminados del mundo por el Instituto Blacksmith, informaron las oenegés AIDA y APRODEH, que representan legalmente a los demandantes en el caso.
Si bien el equipo legal del Estado peruano insistió en que los problemas de salud no han podido ser vinculados directamente a la contaminación, la abogada de AIDA Rosa Peña indicó a la AFP que la responsabilidad reside en que expusieron a la población a un riesgo probado.
“Probar el nexo de causalidad entre la contaminación y la enfermedad no es necesario para determinar la responsabilidad del Estado en este caso”, aseguró, alegando que “el Estado, sabiendo que existía ese riesgo, mantuvo a la población en esos niveles de exposición”
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que operaba el complejo metalúrgico en La Oroya desde 1997, se declaró en bancarrota en 2009 y tras un largo proceso fue cedida en julio pasado a sus trabajadores.
Actualmente el complejo no está operativo, pero los 1,305 mineros acreedores laborales de Doe Run pidieron al gobierno reactivarlo este 2022.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH con sede en Washington investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados.
Los fallos de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.