AFP
China implementó este sábado una nueva ley antiespionaje que da a las autoridades un mayor margen de maniobra para actuar contra lo que consideren amenazas a la seguridad nacional.
El alcance de estos cambios genera dudas entre analistas y juristas en un país donde la legislación en esta materia es relativamente ambigua y sujeta a numerosas interpretaciones.
En virtud de la nueva ley, la obtención no autorizada de “documentos, datos, materiales y objetos vinculados a la seguridad y los intereses nacionales” puede constituir espionaje.
Las autoridades chinas destacan que existen leyes similares en otros países y defienden que tienen derecho a “salvaguardar su seguridad nacional” a la vez que respetan el Estado de derecho.
Pero la entrada en vigor de este nuevo texto genera incertidumbre a las empresas extranjeras.
Este año se han producido redadas e interrogatorios en las oficinas en China de empresas estadounidenses como Mintz Group y Bain & Company que han sembrado cierto pánico en el sector.
La ley contiene “una amplia definición de la seguridad nacional” y esta se aplicará a todos los niveles y sectores de la sociedad, dice a la AFP Jeremy Daum, investigador del centro Paul Tsai China de la facultad de derecho de Yale (EEUU).
Tendrá especialmente “un efecto disuasivo en los ciudadanos chinos que tienen contactos con personas y organizaciones extranjeras”, prevé.
De su parte, las empresas temen controles reforzados.
Estos cambios “suscitan inquietudes legítimas en cuanto a la realización de ciertas actividades comerciales habituales, que ahora pueden ser consideradas espionaje”, opina Craig Allen, presidente del consejo económico sino-americano USCBC.