El reciente hallazgo de animales en condiciones deplorables dentro de un refugio municipal en Ilopango desató una ola de indignación ciudadana y generado decisiones drásticas por parte del Gobierno.
La situación, que expuso la falta de supervisión y gestión adecuada de los centros de bienestar animal, ha llevado al cierre de varias instituciones públicas y la destitución de todos sus empleados, incluyendo el Instituto de Bienestar Animal (IBA), la unidad policial especializada Polipet y la clínica veterinaria estatal Chivo Pets, según anunció el presidente Nayib Bukele.
El anuncio, realizado en respuesta a la presión pública y la falta de medidas preventivas por parte de las autoridades municipales y nacionales, ha dejado en evidencia las deficiencias en el manejo de los refugios de animales.
Pese a la gravedad de la crisis, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que, hasta el momento, no existen pruebas de que el alcalde de San Salvador Este haya participado directamente en el maltrato de los animales ni que haya dado órdenes en ese sentido. Sin embargo, su falta de supervisión ha sido calificada como una “grave irresponsabilidad”.
En un intento por reorganizar el sistema de protección animal, el Gobierno ha anunciado la transferencia de la gestión de todos los refugios municipales a organizaciones especializadas en bienestar animal. Para ello, se destinarán tres millones de dólares anuales en apoyo financiero directo a estas entidades, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que operan estos centros y evitar futuras crisis similares.
El cierre de Chivo Pets responde a la percepción negativa que ha surgido en redes sociales sobre el funcionamiento de la clínica veterinaria. A pesar de que el centro atendía a más de 1,000 mascotas al día, el descontento ciudadano ha sido determinante en la medida.