AFP
Grupos de manifestantes bloquearon este lunes carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras acusada de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo Bernardo Arévalo.
Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantienen cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
Las protestas son contra los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo; acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamentos de Totonicapán, al oeste de la capital, para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores.
Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a Ciudad de Guatemala y protestarán en la sede del Ministerio Público (Fiscalía).
Además, las entidades piden la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal que es considerada como un “golpe de Estado” por el presidente electo.
Los tres funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
En un comunicado, los 48 cantones aseguran que la medida se debe a que los funcionarios judiciales han tomado “acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional”.
Asalto grosero y brutal
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que ganó el 20 de agosto a la ex primera dama, Sandra Torres.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana se incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que “socava” la transición pacífica del poder.
Arévalo informó que este lunes sostuvo una reunión virtual con el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien le expresó “la preocupación de su país por la situación en Guatemala”.
“Intercambiamos y reiteramos el nuestro compromiso para que prevalezca la democracia y se garantice el respeto al voto de las y los guatemaltecos”, sostuvo el futuro gobernante socialdemócrata en su cuenta X, antes Twitter.
Arévalo llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo Electoral para participar en la reunión de los magistrados donde manifestó su solidaridad “ante el asalto grosero y brutal del que fueron parte del Ministerio Público” cuando incautaron las actas electorales.
“Venimos a manifestar nuestro apoyo a agradecer el trabajo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo en defensa de la democracia y exhortar a la sociedad guatemalteca a que todos tenemos que arropar a nuestro sistema electoral”, agregó.
Además, pidió el apoyo para los magistrados y trabajadores del tribunal electoral, a los miembros de las juntas electorales, porque “todos ellos están siendo objeto, en este momento, de un ataque artero por parte de los criminales que están ubicados en el Ministerio Público”.
La presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, en rueda de prensa reconoció que nunca “imaginamos que iban a ocurrir” esas acciones legales, tras afirmar que “estamos dispuestos a continuar garantizando la voluntad de los ciudadanos” al elegir en las urnas a las nuevas autoridades para el periodo 2024-2028.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracias y la gobernabilidad de esta nación.
Ante los bloqueos, el ministerio del Interior aseguró en un comunicado que instruyó a la Policía Nacional Civil a utilizar la fuerza para disolver las medidas, aunque deben hacer un análisis para no “poner en riesgo la integridad física de quienes intervengan”.