Hamilton Barcenas
Elementos de las fuerzas de seguridad respondieron a un llamado ciudadano que alertaba sobre actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas en una vivienda localizada en una comunidad. La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo para intervenir la residencia señalada, lo que condujo a la captura de dos personas.
Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron un vehículo estacionado frente a la vivienda, con dos individuos en su interior. Uno de los implicados fue identificado como Víctor Hugo Rivas Escobar, mientras que la otra persona involucrada fue identificada como Jhoana Ivonne Aguilar Mejía.
Al percatarse de la presencia policial, Rivas Escobar intentó huir de la escena adentrándose en la casa. Durante este intento de fuga, los agentes presenciaron cómo arrojaba una bolsa conteniendo un polvo blanco y otra bolsa con material vegetal sobre una mesa en el interior de la vivienda. Tras una rápida acción, los policías lograron retener al individuo.
Las verificaciones subsiguientes confirmaron que las sustancias arrojadas por Rivas Escobar eran drogas ilícitas. Además, se constató que en el vehículo también se transportaba una cantidad significativa de dinero en efectivo.
Los delitos que se les imputan a los involucrados son casos especiales de lavado de dinero y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico. Los hechos ocurrieron el 13 de junio de 2022. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que buscará una condena ejemplar para cada uno de los imputados, con la expectativa de obtener un fallo condenatorio que podría resultar en una sentencia de hasta 22 años de prisión, la máxima pena contemplada para este tipo de delitos.
Este operativo representa un duro golpe contra el crimen organizado y subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la comunidad. La colaboración ciudadana ha sido fundamental en la desarticulación de esta red criminal, y las autoridades instan a la población a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad pública.