AFP
Bernardo Arévalo, candidato socialdemócrata a la presidencia de Guatemala, denunció este miércoles una “persecución política” contra su partido, el Semilla, tras una orden de captura contra una dirigente a un mes del balotaje del 20 de agosto en Guatemala.
“Seremos firmes en decir que ella (Cinthya Rojas) no es responsable de lo que se le acusa y que hoy es tristemente la primera víctima clara de persecución política” a Semilla, afirmó Arévalo en rueda de prensa.
Arévalo irá al balotaje frente a la exprimera dama Sandra Torres, también socialdemócrata, tras ser los más votados en la primera vuelta presidencial, el 25 de junio.
El ganador de la segunda vuelta sustituirá al presidente Alejandro Giammattei el 14 de enero, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país.
La orden de arresto contra Rojas fue dictada por el juez Fredy Orellana, el mismo que inhabilitó a Semilla hace una semana poniendo en duda el balotaje, aunque su decisión fue anulada un día después por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
El magistrado acusa a la dirigente de Semilla de supuestas irregularidades en la inscripción de Semilla ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre 2017 y 2018.
El candidato, hijo del expresidente Juan José Arévalo (1945-1951), dijo que presentó una denuncia ante la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) por “la persecución política de la que estamos siendo objeto”.
Además, señaló que solicitó al Consejo Permanente de la OEA que adopte medidas “para defender el proceso electoral y la democracia en Guatemala”.
El miércoles pasado, el juez Orellana inhabilitó a Semilla a petición del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por corrupción por Estados Unidos, quien acusa al partido de Arévalo de irregularidades en la inscripción de afiliados.
La decisión del juez fue muy controvertida, pues la propia ley guatemalteca expresa que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
La orden de Orellana desató críticas de la Iglesia católica, de la cúpula empresarial, de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU.
“Soy inocente. La orden de captura es un claro caso de persecución política […] Saben que no pueden contra la voluntad del pueblo que ya decidió avanzar a un país mejor”, escribió Rojas en Twitter.
Antes de la inhabilitación ordenada por el juez, el balotaje estuvo en vilo por impugnaciones de partidos perdedores, que reclamaban un supuesto fraude en la primera vuelta. Por tal motivo se realizó un nuevo escrutinio, el cual confirmó los resultados.