La Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que podrían resultar en condenas de hasta 60 años de prisión para los altos mandos de las pandillas en el país. Hasta ahora, la normativa estipulaba penas máximas de 45 años para los cabecillas, pero la propuesta aprobada contempla un aumento de tres tercios en la condena.
El objetivo de estas reformas es combatir la delincuencia y castigar a aquellos que buscan dañar a la población “Con esto buscamos que aquellos que están delinquiendo vean que El Salvador ya no es el país en donde hacen lo que quieran. Eso se acabó”, expresó Eduardo Amaya, diputado de Nuevas Ideas.
Por años, los pandilleros creyeron estar sobre la justicia, nadie los frenó; pero hoy nosotros te protegemos.
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) July 26, 2023
Actualizamos la Ley Contra el Crimen Organizado para incrementar las penas a los líderes de pandillas hasta un tercio de la condena máxima por cada delito cometido. pic.twitter.com/SJnTplh2Cd
Los parlamentarios también aprobaron disposiciones transitorias especiales, que brindarán herramientas adicionales al Órgano Judicial. Esto permitirá ordenar el procedimiento de los imputados detenidos en el marco del régimen de excepción, que fue decretado el 27 de marzo de 2022.
Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento se han detenido a 71,976 personas acusadas de cometer delitos relacionados con las pandillas desde la implementación del régimen de excepción, pero con las nuevas disposiciones, la Fiscalía General de la República (FGR) contará con la facultad de llevar a cabo procedimientos transicionales, incluyendo la agrupación de los imputados por estructura delictiva.
“Estas medidas que se pretenden implementar buscan fortalecer el trabajo de la Fiscalía y la Policía. Las reformas surgen de la necesidad de enjuiciar a los terroristas que se han ido capturando”, dijo el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
Según otros diputados la implementación de estas medidas tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales contra los capturados, buscando una mayor efectividad en la lucha contra las pandillas y la reducción de la criminalidad en el país.