El abogado Enrique Anaya indicó en Diálogo 21 que varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que incluyera el caso una posible reforma constitucional de El Salvador en su reciente sesión pública.
Según explicó el abogado, las solicitudes se centraron en dos aspectos fundamentales: la institucionalidad democrática y las reformas constitucionales.
“Lamentablemente, el Estado salvadoreño no asistió a la audiencia. Enviaron una nota diplomática el lunes anterior informando su ausencia. Este aislamiento es preocupante, ya que estas audiencias buscan escuchar tanto a la sociedad civil como al gobierno para explicar sus posiciones”, afirmó Anaya.
El abogado también señaló que esta es la cuarta vez en los últimos tres años que el gobierno salvadoreño no asiste a este tipo de instancias. Además, criticó la reforma constitucional aprobada el 29 de abril, que permitiría a una misma legislatura acordar y ratificar cambios en la Constitución, eliminando el requisito de intervención de dos legislaturas, como ocurre actualmente.
“En la práctica, esto significa que podrían modificar la Constitución en cuestión de horas. Esto pone en riesgo la institucionalidad del país”, aseguró. Anaya agregó que existen demandas de inconstitucionalidad contra la reforma, pero cuestionó la falta de resolución por parte de la Sala de lo Constitucional. “Esto evidencia que la justicia constitucional en el país no está funcionando”, concluyó.