Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), denunció en Diálogo21 su despido como docente del Centro Escolar República de Perú, calificándolo como una “persecución sindical” tras participar en la marcha del 19 de octubre, en la que exigían la no congelación del escalafón y la protección del presupuesto para educación.
#Diálogo21 | Idalia Zúniga (@idaliazunigafms) denunció haber sido despedida de su cargo como directora bajo el argumento de que su plaza ya "no era necesaria", calificando el despido como "arbitrario e ilegal", aunque aclaró que sigue ejerciendo como profesora. pic.twitter.com/8cCJNpSVHr
— Diálogo – GMV (@dialogo21) October 23, 2024
Zúniga, quien lidera el FMS, sostiene que su despido fue arbitrario y que no se siguió el debido proceso. “Lo que me dijeron es que la plaza ya no iba a ser necesaria. Es una supresión de plaza, pero es un despido ilegal, ya que no es el mecanismo para destituir a una profesora”, explicó.
Por su parte, la abogada Roxana Cardona, quien acompaña a Zúniga en su proceso, considera que el despido es un acto arbitrario que viola la Ley de la Carrera Docente. “Aplicaron una ley laboral común cuando debería regirse por la Ley de la Carrera Docente”, señaló la abogada, quien también se solidarizó con Zúniga por lo que considera una persecución política.
#Diálogo21 | La abogada Roxana Cardona afirmó que hubo intentos de desarticular la marcha del fin de semana; además destacó que quienes marcharon eran trabajadores del Estado, la clase profesional y académica.
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🗣️ “Todos los gobiernos han tenido una (marcha blanca), excepto este,… pic.twitter.com/oxPlHdPNdu
Zúniga aseguró que este tipo de represalias no es un caso aislado, señalando que otros sindicalistas han sufrido persecución por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores. La maestra afirmó que el panorama es complicado para el sector educativo si se aprueba el presupuesto, y anunció que realizarán otra marcha en el próximo mes para continuar con sus demandas.
Cardona también subrayó que la marcha del fin de semana pasado generó preocupación en el Estado salvadoreño debido a la participación de trabajadores del sector público, y criticó los intentos de desarticular la manifestación.