La Policía Nacional Civil (PNC) ha anunciado la captura del diputado Alberto Romero, perteneciente al partido ARENA. Según informes oficiales de la PNC, Romero enfrenta cargos por resistencia agresiva luego de supuestamente haber expresado insultos contra los elementos.
La PNC ha señalado que, a pesar de la captura, el fuero del diputado impide que pueda ser procesado judicialmente ya que según el artículo 238 de la Constitución, los diputados gozan de inmunidad ante la acción penal durante su periodo como funcionarios. Sin embargo el mismo artículo indica que si un diputado es sorprendido en flagrante delito, podrá ser detenido por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto, la Asamblea tiene la facultad de arrestar al diputado por un período de hasta 5 días.
Sin embargo, ese sería el menor de los delitos de los que es acusado debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó previamente una solicitud de antejuicio y desafuero ante la Asamblea Legislativa en contra de Alberto Romero. Las acusaciones que pesan sobre él son lavado de dinero y activos, así como enriquecimiento ilícito. La FGR alega que existen pruebas de ingresos sin justificar por un monto considerable, alcanzando la cifra de $1,162,388.05.
El expediente de la FGR también revela hallazgos sobre irregularidades financieras en el periodo comprendido entre 2009 y 2015. La Sección de Probidad de la Corte Suprema identificó 14 casos de pagos y depósitos irregulares relacionados con el parlamentario, mientras que su esposa enfrenta cinco señalamientos similares y su hija, dos.
La Asamblea Legislativa tendrá que actuar de manera oportuna para decidir el futuro del parlamentario y si este debe enfrentar la justicia salvadoreña.