Porfirio Mercado
El cambio de administración del comercio marítimo genera preocupación entre los sectores relacionados a este rubro, mientras, los expertos consideran que existe riesgo si la autoridad marítima es implementada por militares.
Con la aprobación de una nueva Ley de Navegación, las funciones que desde hace dos décadas realiza la Autoridad Marítima Portuaria pasarán al Ministerio de Defensa.
Ricardo Sánchez fue director de infraestructura de la Cepal y es doctor en economía portuaria y marítima, como un referente internacional, estuvo en El Salvador y aseguró conocer de cerca el funcionamiento de la AMP. Desde Chile, hace sus valoraciones sobre la nueva normativa.
El ministro de Defensa ha defendido la nueva ley, y sostiene que la institución armada cuenta con el conocimiento necesario para retomar las funciones. De paso, asegura que tiene la potestad de la seguridad en las 200 millas náuticas que le corresponden en El Salvador.
La postura del alto jefe militar contrasta con el criterio de los expertos, quienes consideran que las funciones específicas que realiza la AMP, como fiscalizar, supervisar y controlar las actividades marítimas portuarias, normar tarifas y, garantizar la seguridad de la navegación, requiere del conocimiento y experiencia técnica, que aseguran tardaría al menos 15 años para adquirirla una nueva institución.
La decisión del Ejecutivo también genera nerviosismo entre los pequeños lancheros del Puerto de La Libertad y los inversionistas del rubro naviero.
La nueva ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y solo falta el visto bueno del presidente de la Republica para que sea Ley de la Republica.