AFP
El gobierno de Guatemala anunció este miércoles un estado de sitio por 30 días en dos poblados que mantienen un conflicto limítrofe que ya se ha cobrado varios muertos y heridos.
El presidente del país, Alejandro Giammattei, decretó la medida de excepción en los municipios de Ixchigúan y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, en el oeste de Guatemala y fronterizo con México, precisa el ejecutivo en un comunicado oficial.
La decisión la tomó luego de que el ministerio de la Defensa le entregara un informe sobre la situación en esa región: “Según la información documentada y conocida por el gabinete de gobierno, habitantes y grupos armados han cometido actos violentos y ataques en contra de la población y fuerzas de seguridad”.
Esas acciones ponen “en riesgo la vida, la libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral y patrimonial de los vecinos”, aclara la nota.
La medida limita algunas garantías constitucionales como la libre circulación y organización, además las fuerzas de seguridad pueden hacer detenciones y allanamientos sin autorización de un juez.
El Congreso, dominado por el oficialismo, tiene tres días para pronunciarse sobre la decisión gubernamental.
Ambos municipios mantienen una disputa desde hace 80 años debido a un problema de límites que se ha intentado resolver en mesas de diálogo dirigidas por el gobierno.
Este miércoles, una empresa de seguridad privada informó que dos de sus agentes están desaparecidos desde el viernes pasado, cuando custodiaban un vehículo que fue incendiado en esa zona.
El pasado 13 de mayo tres personas murieron y un policía resultó herido tras un enfrentamiento armado entre los pobladores de los dos municipios.
Doce días antes, cuatro soldados resultaron heridos cuando un vehículo militar fue atacado a tiros por pobladores.
En diciembre, un conflicto similar de más de 100 años entre los municipios indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, también en el oeste, provocó una masacre de 13 personas, entre ellas tres niños y un policía.
El 7 de enero, un contingente de más de 6,500 policías, soldados y fiscales que se disponía a realizar allanamientos y detenciones en el marco de la investigación de la masacre, fue atacado a tiros en una comunidad de Nahualá, con saldo de un uniformado muerto y una veintena de heridos.