AFP
Francia anunció este martes que presentará propuestas para prevenir el maltrato en las residencias de ancianos y una “amplia operación de control” de los asilos del grupo Orpea, a raíz de la publicación de un libro que denuncia su gestión.
El libro “Les fossoyeurs” (Los sepultureros), del periodista de investigación Victor Castanet, describe un sistema donde la higiene, la atención médica e incluso la alimentación están “racionados” para mejorar la rentabilidad de la empresa.
El grupo privado niega estas acusaciones e intentó apaciguar la polémica desatada la semana pasada y las caídas en bolsa con el despido el domingo por la noche de su director general desde hace más de 10 años, Yves Le Masne.
Sin embargo, el gobierno francés anunció este martes, antes de una reunión con dirigentes del grupo para expresar su “ira”, el inicio de dos investigaciones administrativas por las inspecciones generales de Asuntos Sociales y de Finanzas.
“Hay que golpear fuerte para demostrar que no puede hacer cualquier cosa” en las residencias de ancianos, indicó en la radio France Inter la ministra encargada de la Autonomía de las Personas Mayores, Brigitte Bourguignon.
La ministra aseguró que si los hechos se confirman, los dirigentes de Orpea “deberán responder ante la justicia”. Además, el gobierno prepara propuestas para “prevenir” situaciones como las denunciadas.
Al término de la reunión, el nuevo presidente ejecutivo del grupo, Philippe Charrier, dijo a la prensa que apoya estas inspecciones y controles para que se aclaren todas las acusaciones del libro, varias de las cuales son, a su juicio, “infundadas”.
Orpea anunció en un comunicado que contrató a dos cabinetes de expertos de auditoría para “evaluar con total independencia las acusaciones publicadas” y cuyas conclusiones “pondrán a disposición de las autoridades competentes”.
En el ámbito judicial, el grupo podría enfrentar una denuncia colectiva por parte de las familias de los residentes. La abogada de estos, Sarah Saldmann, indicó que, según el caso, las acusaciones podrían ir hasta “homocidio involuntario”.
El grupo privado está presente en 23 países, principalmente en Europa, pero también en Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y México.