AFP
Centenares de miles de personas tomaron las calles de varias ciudades de Birmania este lunes para denunciar, una vez más, el golpe de Estado, desafiando a la junta, que advirtió que los participantes en las protestas se arriesgan a morir.
Tres semanas después del golpe del 1 de febrero, la movilización prodemocracia se mantiene viva, con protestas diarias y una campaña de desobediencia civil que perturba el funcionamiento del Estado y la economía.
La preocupación a nivel internacional sigue en aumento y el secretario general de Naciones Unidas condenó el lunes la “fuerza bruta” empleada por los militares, en tanto la Unión Europea anunció que estaba dispuesta a imponer sanciones contra la junta.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al ejército birmano que “detenga inmediatamente la represión”.
El fin de semana estuvo marcado por la muerte de tres manifestantes y el deceso, el viernes, de una joven que había sido herida de bala en una marcha.
Además, el domingo por la noche, las autoridades aseguraron que “los manifestantes están incitando a la gente, sobre todo a los adolescentes y jóvenes exaltados a lanzarse sobre la vía de la confrontación en la que morirán”, en un comunicado en birmano leído en la cadena de televisión pública MRTV, con subtítulos en inglés.
“Un recordatorio para la junta: a diferencia de 1988, las actuaciones de las fuerzas de seguridad son grabadas y deberéis rendir cuentas”, reaccionó en Twitter el ponente especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania, Tom Adrews.
– “Tengo mucha rabia” –
Sin embargo, la advertencia del poder no hizo mella en los manifestantes. Este lunes se congregaron de nuevo centenares de miles en las calles de Rangún, la capital económica.
En Bahan, uno de los barrios de la ciudad, los manifestantes se sentaron en el piso y llevaban banderolas de apoyo a la jefa del gobierno civil depuesta, Aung San Suu Kyi, que está detenida desde el 1 de febrero en un lugar secreto.
“Estamos aquí para participar en la manifestación, para luchar hasta que ganemos”, declaró Kyaw Kyaw, un estudiante de 23 años. “Estamos preocupados por la represión pero seguiremos. Tenemos mucha rabia”.
Los habitantes de Rangún pudieron constatar el refuerzo de las fuerzas de seguridad, que desplegaron multitud de camiones de la policía y el ejército en las calles, mientras las calles cercanas al barrio fueron acordonadas por las fuerzas del orden.
“El ejército arrebató el poder injustamente al gobierno civil electo”, denunció un manifestante de 29 años, que pidió el anonimato. “Lucharemos hasta obtener nuestra libertad, democracia y justicia”.
Numerosos mercados y comercios permanecieron cerrados en solidaridad con el movimiento prodemocracia.
También hubo manifestaciones en la capital, Naipyidó, y en las ciudades de Myitkyina (norte) y Dawei (sur).
– Condena internacional y sanciones –
El domingo, los birmanos rindieron un homenaje a la primera víctima mortal de la represión, una joven que se ha convertido en icono de la resistencia contra la junta militar.
Los funerales de Mya Thwate Thwate Khaing, herida de bala en la cabeza y fallecida diez días después de haber estado en cuidados intensivos, tuvieron lugar en la periferia de Naipyidó, en presencia de miles de personas.
El sábado murieron dos personas en Mandalay y una tercera en Rangún por la represión policial.
Según la asociación de ayuda a los presos políticos, 684 personas han sido detenidas desde el 1 de febrero.
Las autoridades militares volvieron a cortar el acceso a internet en la madrugada del lunes por octava noche consecutiva, según NetBlocks, un observatorio especializado con sede en Reino Unido.
El Ministerio birmano de Relaciones Exteriores tildó el domingo por la noche de “injerencia flagrante” en los asuntos internos del país las condenas de la comunidad internacional.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea advirtieron el lunes que estaban dispuestos a imponer sanciones contra los militares, algo que ya hicieron Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.
En una nota, los ministros señalaron que la UE “está lista” para la adopción de “medidas restrictivas dirigidas a los responsables directos del golpe militar y a sus intereses económicos”.