AFP
La movilización contra el golpe de Estado no decae en Birmania y este viernes una multitud volvió a salir a las calles, pese a las numerosas detenciones ordenadas por la junta militar.
Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los generales por el golpe de Estado del 1 de febrero que depuso al gobierno civil de Aung San Suu Kyi no parecen surtir efecto en los militares.
Más de 350 personas –políticos, militantes, miembros de la sociedad civil, monjes y periodistas– están actualmente detenidas, según indicó la ONU en una sesión extraordinaria de su Consejo de Derechos Humanos, que consideró “inaceptable” el uso de la violencia contra los manifestantes.
En Rangún, médicos, estudiantes y trabajadores del sector privado se manifestaron por una de las grandes avenidas de la capital económica.
Muchos iban ataviados con los colores rojos de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, y otros portaban retratos de la exdirigente de 75 años, detenida desde hace 12 días.
“No volveremos al trabajo hasta que se restablezca el gobierno civil de +Mother Suu+. Poco importan las amenazas”, declaró a la AFP Wai Yan Phyo, un medico de 24 años, antes de que la muchedumbre se dispersara antes del anochecer.
– Bailes antigolpe –
Otras manifestaciones se produjeron en varias ciudades, con jóvenes cantando rap y ejecutando “bailes antigolpe”. Las protestas fueron globalmente pacíficas, aunque la tensión era palpable.
Este viernes, las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma para dispersar brutalmente una sentada en el sur del país, según un periodista de la AFP. Al menos cinco personas fueron detenidas.
El martes, la policía abrió fuego contra los manifestantes y causó varios heridos. Una mujer, que recibió un disparo en la cabeza, está en estado crítico.
Aún así, cientos de miles de birmanos salieron de nuevo a la calle para exigir la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, muy favorable al ejército.
Decenas de miles de birmanos se han movilizado en estos últimos siete días, unas protestas inéditas desde la “Revolución Azafrán”, en 2007.
Policías, controladores aéreos, profesores, personal sanitario y un número importante de funcionarios hacen huelga.
El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, lanzó una advertencia contra estos funcionarios a los que prometió “acciones eficaces” por “incumplir sus obligaciones (…) incitados por personas sin escrúpulos”.
En paralelo, 23.314 prisioneros, entre ellos 55 extranjeros, serán puestos en libertad, y otros verán su condena reducida, anunció el diario estatal. Por el momento se desconocen los detalles.
Las amnistías masivas de prisioneros para hacer sitio en establecimientos hacinados son frecuentes y suelen anunciarse con motivo de fechas importantes del calendario birmano. Este viernes es festivo en el país.
– En la mira del mundo –
La situación en el país sigue estando en la mira de la comunidad internacional.
Washington anunció el jueves que bloqueará los activos y las transacciones en Estados Unidos de 10 militares en activo o retirados, que se consideran responsables del golpe de Estado, entre ellos Min Aung Hlaing.
El Reino Unido y la Unión Europea (UE) también han amenazado con sanciones.
Por otro lado, gigantes de internet –como Facebook, Google y Twitter– criticaron un proyecto de ley sobre la ciberseguridad que permitirá a la junta prohibir páginas web y obligar a las redes sociales a transmitir datos de los usuarios.
Facebook declaró que reduciría la visibilidad del contenido procedente del ejército por haber “continuado difundiendo falsas informaciones” tras tomar el poder.
La plataforma, principal medio de comunicación para millones de birmanos, añadió que las autoridades tampoco podrán pedirles que supriman publicaciones.
El ejército cuestiona las legislativas de noviembre, ganadas por abrumadora mayoría por la LND. Los observadores internacionales no han constatado problemas.
Los generales temían que su influencia disminuyese tras la victoria de Aung San Suu Kyi, si esta hubiera querido modificar la Constitución.
La Premio Nobel de la Paz, que según su partido se encuentra bien y en arresto domiciliario en Naipyidó, sigue siendo venerada en su país, pese a las recientes críticas internacionales por su pasividad ante los abusos contra la minoría musulmana de los rohinyás.