El titular de la Asamblea de Rio vuelve a declarar, investigado por corrupción

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El poderoso presidente de la Asamblea de Rio de Janeiro, Jorge Picciani, fue llevado a declarar nuevamente este martes ante la policía brasileña por su presunta implicación en una trama en la que dirigentes del sector de transportes sobornaban a diputados a cambio de favores.

 

Picciani, un influyente miembro del partido del presidente Michel Temer (PMDB, centro-derecha), de 62 años, es uno de los tres legisladores cariocas acusados de recibir sobornos de la Federación de Transportes.

El operativo, una ramificación de la operación "Lava Jato", movilizó a 155 agentes, que tenían diez mandatos de arresto y 35 de búsqueda, dijo la Policía Federal (PF) en un comunicado.

Salpicado por constantes escándalos de corrupción, con una participación destacada del detenido exgobernador Sergio Cabral, el estado de Rio se encuentra cerca de la bancarrota y sus funcionarios acumulan meses de salarios impagos.

Según la fiscalía, Picciani y Sergio Cabral formaban parte "de una organización que comenzó a estructurarse en los años 90".

Picciani ya había sido llevado a declarar en marzo pasado, por presunto desvío de fondos públicos.

Hasta entonces, era uno de los pocos mandamases de Rio que habían esquivado la marea de denuncias que arrasa Brasil desde el lanzamiento en 2014 de Lava Jato.

La policía también arrestó este martes en Minas Gerais (sudeste) a uno de los hijos de Picciani y al empresario Jacob Barata Filho, hijo de Jacob Barata "El rey de los buses", a la cabeza de un imperio de 25 empresas de transportes colectivos.

Barata Filho ya había sido detenido a inicios de julio cuando intentaba tomar un avión hacia Portugal, pero fue liberado a mediados de agosto por decisión del juez de la corte suprema Gilmar Mendes.

Entonces, se acusó a los dirigentes del sector de transportes de haber distribuido más de 260 millones de reales (unos 79 millones de dólares) de sobornos a políticos locales.

El exgobernador Cabral (2007-2014), encarcelado desde noviembre y condenado a más de 14 años de prisión, habría recibido la mitad de esa suma entre 2010 y 2016.

 

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