Diálogo en Nicaragua se mantiene suspendido por diferencia sobre "presos políticos"

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La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) pidió como condición para volver al diálogo la liberación de cientos de manifestantes presos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, según organismos de derechos humanos.

El diálogo político en Nicaragua continuó suspendido este martes pese a que el gobierno de Daniel Ortega insistió en que mantiene la voluntad "invariable" de buscar un acuerdo con una oposición que garantiza que seguirá ausente hasta tanto no liberen a los "presos políticos" y cese la represión.

La delegación del gobierno divulgó un comunicado "ratificando hoy martes el invariable compromiso del estado nicaragüense con la mesa de conversaciones" con la oposición. 

En la nota leída por el canciller Denis Moncada, el gobierno hizo constar que acudió a la sede de las conversaciones en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sur de la capital, con el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) pidió como condición para volver al diálogo la liberación de cientos de manifestantes presos por participar en las protestas que estallaron en abril pasado contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, según organismos de derechos humanos.

La delegada opositora Azáhálea Solís dijo a periodistas que "el gobierno no ha dado muestras de voluntad en un tema central que es la libertad de las personas que están presas, no ha dado ninguna muestra de que se respeten los derechos y garantías de los nicaragüenses".

El gobierno quiere que "aceptemos que somos esclavos (...) la libertad no es una concesión de Ortega", reclamó Solís tras una reunion entre de sectores opositores en Managua.

Al menos 14 opositores han sido detenidos en los últimos cuatro días en redadas en las ciudades de Managua, Masaya (sur), León (occidente) y Chontales (centro), según denuncias publicadas por familiares en las redes sociales.

Las redadas forman parte de los operativos que realiza la policía contra opositores, a pesar de que las protestas cesaron el octubre pasado debido a la represión y una cuestionada ley que criminalizó el derecho a la manifestación con hasta 20 años de prisión.

La delegación del gobierno ha dicho que asiste a las citas para "discutir todos los temas propuestos en el proyecto de agenda" que Ortega hizo público el sábado pasado.

En su propuesta, Ortega descartó adelantar las elecciones del 2021, como demanda la oposición, y ofreció analizar una reforma al cuestionado sistema electoral con el acompañamiento de la OEA.

Pidió, además, gestiones para suspender las sanciones económicas internacionales que pesan contra su gobierno por las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la represión a las protestas.

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