Trabajadores se oponen a nueva Ley del Servicio Público

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La  no  aprobación  del Presupuestos  General de la Nación para  el ejercicio fiscal del próximo año también genera  incertidumbre, porque según  ellos,  de no  aprobarse  a tiempo  se estaría  atentando contra  el  escalafón  de los  trabajadores de  salud. 

Redacción: Ángel Iraheta

Trabajadores del Ministerio de  Salud Pública  aglutinados  en diferentes  sindicatos  llegaron  hasta  la  Asamblea  Legislativa  a demandar  de los   diputados que no se apruebe  la Ley  del Servicio Público. Ya que a  su juicio ésta  violenta  los  derechos  de los trabajadores  de ese sector. 

Alex  Carballo,  representante de la  Unidad  de Sindicatos  y Asociaciones  de Trabajadores  de  Salud Pública de El Salvador, USTRASPES, aseguro que  con esa  propuesta  lo único que se busca  es eliminar  las  conquistas que se han  ganado  con la  sangre  de  decenas de sindicalistas  que   dieron  su vida por  los derechos  laborales. 

“Nos  oponemos  porque  las  conquistas  logradas, como  por ejemplo: Estabilidad  laboral, libre sindicalización, y  contratos  colectivos,  no se  entregan ni  se  venden” afirma Carballo. Para  el  subjefe  de  fracción de Alianza Republicana  Nacionalista  ARENA, Julio Fabián, de momento  los trabajadores pueden estar  tranquilos   porque  no  se está  discutiendo  dicho  Anteproyecto de  Ley. 

“Si bien es cierto que  la  Ley del Servicio Civil,  ya  es  obsoleta, de momento la comisión   no está  discutiendo  la propuesta de   una  nueva  Ley del Servicio Público” enfatizó  Fabián. Los  empleados del Ministerio de Salud, expresan  que  no es  el único  problema  que  les  preocupa. 

La  no  aprobación  del Presupuestos  General de la Nación para  el ejercicio fiscal del próximo año también genera  incertidumbre, porque según  ellos,  de no  aprobarse  a tiempo  se estaría  atentando contra  el  escalafón  de los  trabajadores de  salud. 

En  ese  Sentido, los  sindicalistas esperan  que  los parlamentarios  dejen  de lados  sus  intereses   políticos y  aprueben en tiempo los recursos que necesitarán  las diferentes institucionales del Estado para funcionar en el 2020. Caso  contrario  amenazaron con acciones de  hecho que  incluye, suspensión  de labores  y  marchas en las principales calles  de la capital.

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