Poder de Ortega se resquebraja a un año del estallido de la crisis en Nicaragua

Tipografía

La represión, que ha dejado 325 muertos, cientos de encarcelados y miles de exiliados, anuló el espacio de protesta para la oposición, pero el país está lejos de la normalidad que el gobierno intenta proyectar.

A un año del estallido de las protestas masivas en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se encuentra sumido en una profunda crisis, con la economía deteriorada, políticamente debilitado por sanciones internacionales y con escaso margen de acción para conservar el poder, según analistas.

La represión, que ha dejado 325 muertos, cientos de encarcelados y miles de exiliados, anuló el espacio de protesta para la oposición, pero el país está lejos de la normalidad que el gobierno intenta proyectar.

A Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, "el monopolio de la fuerza es lo único que los acompaña, más un poco de nepotismo y corrupción", dijo a la AFP el politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, con sede en Washington. 

El exguerrillero de 73 años, que ayudó a derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, fue sorprendido el 18 de abril de 2018 por una protesta de universitarios contra una reforma a la seguridad social.

La violenta represión contra los estudiantes encendió la chispa de una demanda nacional por la renuncia del líder sandinista, con manifestaciones y bloqueos de carreteras en casi todo el país. 

En el poder desde 2007, Ortega vio cómo las protestas le quitaron el control de la calle y deterioraron su imagen de revolucionario al reprimir a manifestantes desarmados.

"Desafortunadamente en Nicaragua no parece quedar un resquicio de institucionalidad ni Estado de Derecho", dijo a la AFP la guatemalteca Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). 

Recordó que el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ella integró, reveló que la represión contra las protestas "contó con el respaldo, cuando no colaboración, de distintas instancias del Estado".

 

- "Al borde del abismo" -

 

Antes de la crisis desatada por las protestas, Ortega contaba con el respaldo de un 65% de la población de 6,2 millones y el país exhibía tasas de crecimiento de entre 4% y 5% anual, en tanto el turismo creció apoyado por la percepción de ser el país más seguro de Centroamérica.

Según el Banco Mundial, la pobreza en Nicaragua cayó de 29,5% en 2014 a 24,9% en 2016.

Pero la crisis generada por las protestas asestó un golpe devastador a la economía, que se contrajo 3,8% en 2018 y perdió 294.000 puestos de trabajo, según el Banco Central. Gremios empresariales calculan la caída en 4%, con más de 400.000 empleos perdidos.

En 2019, la economía de Nicaragua caerá un 5%, la mayor contracción latinoamericana después de Venezuela (25%), según la última proyección del Fondo Monetario Internacional. 

La situación socioeconómica es "insostenible", y una reforma tributaria y del seguro social que el gobierno aprobó para cubrir un déficit fiscal de 310 millones de dólares "golpea a todos por igual", sostuvo la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez. 

El sociólogo Oscar René Vargas, consideró en un análisis de coyuntura que la administración Ortega-Murillo "dejó de ser sólida y popular y se transformó en un gobierno frágil (...) Ha cerrado todas las válvulas del juego democrático, ha actuado con mucha violencia". 

"El país está al borde de un abismo (...) estamos ante una grave coyuntura", advirtió. 

Estados Unidos, aprobó en diciembre la Nicaragua Investment Conditionality Act (Nica Act), que restringe el acceso del país a créditos de organismos multilaterales, mientras que la OEA amenaza con aplicar la Carta Democrática, que podría a llevar a su expulsión de ese organismo. 

De su lado, la Eurocámara pidió un proceso escalonado de sanciones contra el gobierno de Ortega, incluyendo su posible exclusión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica.

Al mismo tiempo, la crisis en Venezuela dejó a Nicaragua sin una fuente de ayuda, que alcanzó más de 4.000 millones de dólares desde 2007, según el Banco Central de Nicaragua

Pese a todas esas presiones, los analistas descartan una salida de Ortega a corto plazo mediante un adelanto de elecciones, programadas para 2021.

 

- "Mesiánico" -

 

Ortega es "el clásico dictador de América Latina", un caudillo con "la visión mesiánica de que el Estado está por encima del ciudadano", y por eso controla las instituciones públicas para ejercer un control monopólico del poder, señaló Manuel Orozco, de origen nicaragüense.

Ortega reanudó a fines de febrero las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACDJ), pero el diálogo acabó el 3 de abril sin acuerdos para adelantar las elecciones y hacer justicia a las víctimas de la violencia, según esa coalición. 

La ACDJ acusa al gobierno de incumplir el acuerdo de liberar a centenares de detenidos en un plazo de 90 días y respetar las libertades públicas, incluida la de protestar. 

El gobierno afirmó por su parte que "ningún impasse o retraso (en el diálogo) ha sido responsabilidad de nuestra representación".

El exdiputado y analista Eliseo Núñez dijo a AFP que "por el momento Ortega no lo entiende, pero su mejor salida es el diálogo". 

Consideró que las condiciones están dadas para "un nuevo estallido social. (Ortega) debe verse en el espejo venezolano, porque aunque reprima duramente, ya no será capaz de detener su caída del poder". 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS